La Fiscalía Ambiental recibe cada año entre 1.700 y 2.000 denuncias por aparentes delitos ambientales. Según Hernández, con esta campaña se pretende evidenciar que las personas que dañan el ambiente en Costa Rica lo están haciendo con alguna finalidad económica y trasladan a la colectividad los costos de un ambiente degradado.

“La idea es que la gente se identifique con el ambiente, que lo vea como un patrimonio, que no lo vea como algo ajeno cuyo daño no lo va a afectar; sino más bien que vean la naturaleza como un patrimonio de todas y todos que debemos proteger si queremos asegurar calidad de vida para sí y para las futuras generaciones”, manifestó.