Valoración preliminar y ubicación en régimen semi institucional antes del ingreso a prisión
Una posibilidad real en el sistema penitenciario costarricense

Cuando una persona es condenada a pena de prisión, muchas veces se asume que el ingreso inmediato a un centro penitenciario cerrado es inevitable.

Sin embargo, el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional contempla una figura poco conocida, pero jurídicamente relevante: la valoración preliminar para la selección de nivel, regulada en el artículo 177.

Este mecanismo puede permitir que una persona condenada sea ubicada directamente en un régimen menos restrictivo, incluso antes de ingresar a un centro penal cerrado.

¿En qué consiste la valoración preliminar?

El artículo 177 establece que, tratándose de personas primarias con sentencia que no supere los ocho años de prisión y que aún no hayan ingresado a prisión, puede solicitarse una valoración preliminar ante la Unidad correspondiente.

Si la valoración resulta favorable, se puede recomendar al Instituto Nacional de Criminología la ubicación en:

Centros de Atención Semi institucional, o

Nivel de Atención en Comunidad.

Esto significa que el cumplimiento de la pena podría realizarse bajo un régimen menos restrictivo desde el inicio, siempre que se cumplan los requisitos técnicos.

Requisitos generales

Para que proceda esta posibilidad deben cumplirse ciertos presupuestos básicos:

Ser persona primaria.

Que la sentencia no supere los ocho años de prisión.

No haber ingresado aún al sistema penitenciario.

Presentar solicitud de valoración.

La Unidad de Valoración Preliminar o el Consejo Interdisciplinario analiza el caso y, si lo estima pertinente, eleva recomendación al Instituto Nacional de Criminología, órgano que toma la decisión final.

Tratamiento diferenciado para mujeres en condición de vulnerabilidad

El mismo artículo establece un supuesto especial para mujeres primarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad, por ejemplo:

Condición de pobreza.

Responsabilidad exclusiva en el cuido y manutención de personas dependientes.

Discapacidad.

Haber sido víctima de violencia de género.

Si ese estado influyó en la comisión del hecho punible, la valoración inicial puede realizarse incluso cuando la sentencia no supere los doce años de prisión.

En estos casos, el Nivel de Atención a la Mujer debe coordinar con el Instituto Nacional de las Mujeres para el abordaje correspondiente.

Este enfoque incorpora una perspectiva de género y de contexto social en la ejecución de la pena.

¿Es automático?

No.

La aplicación del artículo 177 no es automática ni obligatoria.
Requiere:

Solicitud formal.

Análisis interdisciplinario.

Valoración del perfil criminológico.

Estudio socioeconómico.

Evaluación de redes de apoyo.

Revisión de circunstancias del delito.

La recomendación debe elevarse al Instituto Nacional de Criminología dentro del plazo de quince días hábiles y debe contener los criterios técnicos necesarios para que dicho órgano adopte la decisión de ubicación penitenciaria.

¿Por qué es importante conocer esta figura?

Porque puede marcar una diferencia significativa en la forma en que se ejecuta una pena.

Para algunas personas, especialmente aquellas con responsabilidades familiares o condiciones sociales particulares, esta valoración puede:

Evitar el ingreso inicial a un centro penitenciario cerrado.

Facilitar la continuidad laboral.

Reducir el impacto en el núcleo familiar.

Permitir un cumplimiento bajo supervisión, pero con mayor integración social.

No se trata de una exoneración de la pena, sino de una modalidad distinta de cumplimiento, acorde con criterios técnicos y sociales.

La ejecución de la pena también requiere análisis jurídico

El proceso penal no termina con la sentencia.
La etapa de ejecución también implica decisiones jurídicas relevantes.

Conocer las posibilidades previstas en el reglamento permite valorar, en cada caso concreto, si existen condiciones para solicitar este tipo de valoración preliminar.

Cada situación debe analizarse individualmente, considerando:

El monto de la pena.

La condición de primariedad.

Las circunstancias personales.

El contexto en que ocurrió el hecho.