Cochinilla es señal de que se debe iniciar mano dura contra la corrupción pública

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Por Jesús Barrantes Castro – Abogado Penalista Criminólogo
julio 1, 2021 Jesús Barrantes Castro Opinión

El Caso Cochinilla ha sido uno de los escándalos más grandes de Corrupción Publica de Costa Rica en los últimos años, y no es para menos, se trata de un caso de grandes fraudes en las contrataciones administrativas, por medio de sobornos, favores económicos, favores sexuales, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica entre otras.

La criminogenésis de este tipo de corrupción pública, se trata que el Estado es un gran contratista, donde las personas físicas o jurídicas, desean ser contratadas por este ente, para servicios, para productos, obra pública etc. a cambio de una retribución económica, sin embargo, no todos los participantes van a ser contratados, sino solamente unos cuantos, acorde a las necesidades y al pliego de condiciones del cartel de contratación.

La proveeduría institucional, jerarcas y otros funcionarios se relacionan con la licitación y son los que tienen contacto con los que vienen a ofrecer sus servicios y sus productos, la contratación tiene que ser trasparente, fuera de amiguismos y favores, pues el dinero de la contratación es proveniente de fondos públicos pagados por los impuestos del ciudadano, y se contrata al mejor proveedor estrictamente por su eficiencia y eficacia y no por compadrismos, y lógicamente, jamás por regalos a los funcionarios públicos contratadores.

La ley contra la Corrupción e Enriquecimiento ilícito pena tanto al corrupto como al corruptor o corrompido, como si tuvieran la misma igualdad de condiciones, situación que no lo es, pues la génesis del delito se encuentra en el funcionario público corrupto y no tanto en el contratista externo, aunado a ello la ley tiene penas ridículas que van de uno a ocho años de prisión, donde el parámetro mínimo de pena se presta para múltiples beneficios penales y penitenciarios, con penas sin cárcel o medidas muy poco restringidas.

En el país Singapur tomaron medidas severas contra la corrupción pública, aunque se le haya cuestionado aspectos de derechos humanos, tomo el camino correcto contra los funcionarios corruptos que les dio un resultado positivo y satisfactorio, pues casi esta abolida la corrupción en ese país, antes eran pobres y después de las reformas de ley contra la corrupción se hicieron ricos. Este país se fue directo a la criminogenésis del funcionario público corrupto con el método del maximalismo penal.

Por aspectos legales relacionados a los derechos humanos no se va a instaurar la pena de muerte al funcionario corrupto de Costa Rica, pero si se puede aumentar las penas de la corrupción pública, principalmente los extremos menores de la pena que la mayoría son una burla y un irrespeto al ciudadano honesto debido a su cuantía mínima. En Costa Rica urgen reformas de ley de prevención y represión contra la corrupción.

El ciudadano costarricense está cansado de oír noticias que alguien que robo picaritas o robó unos mangos vaya a la cárcel, y un corrupto de cuello blanco, que se roba millones, lo ponen a firmar cada quince días o le dan casa por cárcel, independientemente como medida cautelar o como pena. Tanto jueces como fiscales y diputados no echan de ver, no atinan o por conveniencia no entiende que el funcionario público corrupto es la génesis del problema de la corrupción pública y no tanto los otros actores intervinientes, aunado a que los funcionarios corruptos causan un daño difuso y generalizado en todo el país peor que el narcotráfico.

Contrataciones administrativas dudosas, carteles con pliego de condiciones muy raras como anillo al dedo para familiares y amigos de la corrupción y una plataforma SICOP del gobierno donde los otros competidores participantes de la contratación solo ven las cosas desde internet y podrían solamente estar engañados, sin saber que nunca van a ser contratados, pues ya su contrincante competidor fue contratado por el funcionario público corrupto desde antes de redactar el cartel a cambio de dadivas y favores sexuales, aunque y las obras del se destruyan en mes y el gran estafado sea el costarricense que paga los impuestos para platos rotos de estos sinvergüenzas.

Enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio, sobreprecios irregulares, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y peculado va a seguir siendo el pan de cada día de la fiesta de fondos públicos de una mafia burocrática y política del país si no se hacen cambios importantes en la ley y en la ejecución de la ley.

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